La posible y pronta aprobación de la ley para regular el uso médico, lúdico y científico de la cannabis en México representa una oportunidad para generar ingresos extra al sector público a través de la aplicación de impuestos a quienes siembren, compren, vendan, importen, comercialicen, exporten y distribuyan la planta y sus derivados.
Y es que la nueva ley, si de aplica de manera eficiente, llegará justo en el momento en que el país requiere de ingresos extraordinarios para poder atender las necesidades de gasto e inversión programados para el año en curso.
“El hecho de recaudar impuestos a través de un recurso natural como la cannabis abre posibilidades poco exploradas, al menos de manera oficial, por el gobierno mexicano. En los lugares donde se ha implementado este tipo de regulaciones, ha habido una derrama importante de impuestos. ”, explicó Julio Zenil, activista y director de Expo Weed en México.
El IEPS, el IVA y el ISR son los impuestos que pueden aplicarse a la marihuana como sucede en la actualidad con cualquier tipo de producto de consumo en México, especialmente a los considerados de uso nocivo para la salud o al medio ambiente como las gasolinas, el tabaco, el alcohol, o las bebidas azucaradas, explicó Carlos Alberto Bautista, especialista de la Facultad de Negocios de La Salle.
El dictamen de Ley para la Regulación del Cannabis, pendiente de aprobarse en la Cámara de Senadores, determina que al aprobarse la Ley se deberá analizar y proponer qué impuestos deben aplicarse y hace referencia al IEPS.
“Lo más probable es que se le cobre el IEPS y como cualquier bien regulado y comercializado tendría que pagar el IVA de 16% en el interior del país y de 8% en frontera y el IEPS se cobrarían en el precio final al consumidor, el ISR se cobra sobre las ganancias a las empresas”, explicó el especialista de La Salle.
El dictamen de la Ley determina que se darán cinco tipos de licencias: cultivo, transformación, comercialización, exportación o importación e investigación del cannabis y sus derivados, para ello los interesados deberán estar registrado en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), estar al tanto en el pago de impuestos y no tener antecedentes penales.
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