Por Arturo Manzano Nieto Puebla, Pue; MX
Una interesante encrucijada, cíclica, pero siempre particularizada por el escenario político y económico mundial, se presenta en el país este año: el proceso electoral federal.
En un escenario donde todos los reflectores se enfocan en los actores que compiten por un cargo de elección, sumado a la veda institucional que obligan las disposiciones de la legislación electoral, potencian una parálisis.
Es claro que uno de los escenarios que no pueden ocurrir es la parálisis en materia de desarrollo de infraestructura, ya que se trata de un tema estratégico, prioritario para el país porque representa el medio para generar desarrollo y crecimiento económico.
Además este sector es la pieza clave para incrementar la competitividad, según lo desglosa el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018.
El gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto ya delineó cuáles son las prioridades en la materia para 2018, y como primer punto establece que comenzará a funcionar la Red Compartida que proporcionará internet a una mayor cantidad de mexicanos a menor precio.
Otra de las prioridades es el inicio de las pruebas operativas del Tren Interurbano México-Toluca, así como el funcionamiento de la primera etapa del Nuevo Puerto de Veracruz. En la cuarta prioridad enunciada por la administración federal aparece la expansión del sistema de gasoductos, con lo que se alcanzarían más de 7 mil 400 kilómetros de este tipo de línea conductora.
El reto de esta administración que está por concluir es no dejar pendientes y buscar que las prioridades tengan una impacto positivo, al menos representativo, en las diversas regiones.
Resulta obligado respetar al pie de la letra las restricciones de carácter comicial ya que garantizan en la medida de lo posible equidad en la contienda, pero no se debe, por ningún motivo frenar el desarrollo, debido a la una interpretación extra limitada de las disposiciones.