Durante su participación en el debate general de la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno de México refrendó su compromiso con una política exterior guiada por los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y respeto absoluto a la soberanía nacional. Representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Estado mexicano ratificó que la cooperación internacional debe darse en un plano de igualdad de derechos entre las naciones y sin ningún esquema de subordinación.
En la tribuna internacional se subrayó que la soberanía no depende del poder económico o la capacidad militar de un país, sino del cumplimiento irrestricto del derecho internacional como única vía legítima para la solución pacífica de los conflictos globales.
Propuesta de renovación multilateral y solución pacífica de controversias
Frente al escenario global de creciente polarización y tensión geopolítica, la delegación mexicana urgió al fortalecimiento y renovación operativa del sistema de las Naciones Unidas, proponiendo mecanismos renovados de diplomacia preventiva y mediación activa.
Asimismo, México reiteró sus posturas históricas de política exterior: la solución pacífica mediante la diplomacia, el respaldo a la solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí, así como la solidaridad humanitaria y el rechazo explícito a la imposición de embargos o sanciones unilaterales contrarias a la Carta de las Naciones Unidas.
Avances en la estrategia interna de seguridad y protección a connacionales
Durante el discurso, la representación mexicana expuso los avances derivados de la estrategia nacional de seguridad, destacando la atención prioritaria a las causas estructurales de la violencia combinada con labores de inteligencia, investigación y consolidación del Estado de derecho.
Finalmente, la Cancillería sostuvo reuniones bilaterales de alto nivel enfocadas en la protección consular de las y los mexicanos en el exterior, la defensa incondicional de los derechos humanos de la comunidad migrante y la articulación de mecanismos institucionales para una movilidad humana ordenada, segura y respetuosa de la dignidad individual.
