Expansión en alianza con CNN informan que el plan del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador de realizar licitaciones para perforar pozos de petróleo en diciembre, “podría indicar una reversión de sus planes para la reforma energética” y beneficiaría a Petróleos Mexicanos (Pemex) en el largo plazo, consideró la calificadora de riesgo Fitch Ratings.
El 6 de septiembre, el presidente electo de México declaró que se estaban elaborando licitaciones para la perforación de pozos petroleros que serían lanzadas en los primeros días de diciembre, cuando inicie su gestión, a fin de levantar la producción petrolera del país en poco tiempo.
Previamente había declarado que las subastas de contratos para explorar y explotar hidrocarburos estarían suspendidas hasta que se revisen todos los contratos adjudicados desde 2015, cuando entró en vigor la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Además, el julio, la Comisión Nacional de Hidrocarburos difirió para el 14 de febrero de 2019 dos licitaciones y una subasta para buscar socios para Pemex que estaban programadas para septiembre y octubre, a petición de la Secretaría de Energía.
El regulador argumentó entonces que se requería más tiempo para que los potenciales inversores analizaran la información, pero que era una buena oportunidad para trabajar con el equipo de transición de López Obrador.
En este contexto, Fitch Ratings indicó que al posponerse las licitaciones previstas el gobierno de López Obrador tendrá la oportunidad de revisar los contratos existentes y evaluar el ritmo futuro de las subastas, y que además puede ofrecer contratos de servicio a empresas privadas para ayudar a Pemex a extraer más crudo.
En un documento publicado este viernes, la calificadora expuso que el presidente electo está considerando eliminar la aprobación regulatoria requerida cuando Pemex elige socios para los bloques de petróleo que cultiva para ayudar a desarrollarlos.
“Estas iniciativas apoyan la apertura del mercado petrolero de México a otras compañías petroleras, podría facilitar el proceso de asociación y a largo plazo será un beneficio financiero para Pemex”, añadió.
Además, la fecha de licitación acelerada demuestra el compromiso para aumentar la producción de petróleo, al tiempo que maximiza los ingresos para el gobierno, subrayó.
Refirió que transferencias de Pemex contribuyen con menos del 20% de los ingresos del gobierno federal, pero históricamente representan 25% a más del 30%.
La producción de petróleo de México disminuyó alrededor del 40%, a 2.1 millones de barriles por día (bpd) el año pasado, desde un máximo de 3.5 millones de bpd en 2004.
Sin embargo, las transferencias al gobierno en forma de las regalías e impuestos se mantuvieron por encima del 80% de la utilidad de operación más depreciación y amortización (EBITDA, por sus siglas en inglés) de Pemex, lo que obligó a la empresa a incurrir en deuda para financiar inversiones.
Fitch refirió que la plataforma del sector energético de la nueva administración prevé la modernización y/o expansión de las refinerías, reevaluación de la liberalización del precio de la gasolina y otros elementos de la reforma emprendida por la administración saliente.
Los planes preliminares incluyen una inversión de capital de 4,000 millones de dólares en Pemex, que aumentará la producción de petróleo en un tercio en dos años, y financiamiento adicional para construir una nueva refinería o mejorar las instalaciones existentes por un total de 11,000 millones de dólares en inversiones.
La calificadora consideró que la contribución de 4,000 millones “es significativa, pero no será suficiente para que Pemex invierta los 15,000 millones a 18,000 millones que estimamos que se necesita anualmente para reponer por completo las reservas”.
Aunque el presidente electo no detalló cómo se financiarán estas iniciativas, la próxima administración indicó la semana pasada que no espera que Pemex incurra en deuda adicional.
Sin embargo, Fitch agregó que las fuentes externas de capital deberían beneficiar al sector energético de México.
El sector de energía de México recibió alrededor de 1,000 millones de dólares en inversiones y pagos al gobierno combinado desde la reforma energética en 2013, según documentos del gobierno.