El financiero informó, la estrategia, cuyo proyecto técnico está en fase de revisión, tiene como principal finalidad convertir esta tecnología en una herramienta que permita la digitalización de procesos burocráticos, la validación del correcto ejercicio de recursos públicos asignados a programas sociales o contrataciones públicas y evitar la opacidad en las licitaciones públicas, explicó a El Financiero el equipo a cargo del proyecto.
“Vamos a atacar las cuatro vertientes que Andrés Manuel estableció que eran necesarias para el país, que es por ejemplo, desarrollo social, pero especialmente vamos a dar un énfasis muy importante a la corrupción”, explicó Saiph Savage, investigadora de la UNAM y quien lidera la parte técnica del proyecto.
La cadena de bloques, como se denomina a esta tecnología, tiene algunas características que la hacen una herramienta útil dentro de la administración pública, pues se trata de un libro digital contable que permite que no se alteren los registros vertidos en ésta. Países como Estados Unidos y Japón ya la implementan en algunos de sus procesos; el primero lo utiliza en la revisión de contratos y la nación asiática para licitaciones públicas.
La estrategia, según un documento compartido por el equipo, buscará atacar tres ejes de manera conjunta: construcción de la infraestructura necesaria (es decir, implementación de redes de blockchain), acercar la tecnología al público en general y crear profesionales capacitados.
Durante la planeación de ésta, quienes son parte del equipo, se encontraron con un inconveniente: la falta de profesionales capacitados en la cadena de bloques y en la creación de ‘smart contracts’. En esto último recae la razón por la cual buscarán capacitar a profesionales mexicanos.
“El primer objetivo es crear nuestro músculo técnico y enfocarnos a crecerlo para que sea nuestro propio proveedor”, explicó Rafael Salas, quien dirige el proyecto.