La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), emitió una serie de modificaciones a la normativa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). La actualización amplía el catálogo de actividades vulnerables y endurece las obligaciones de reporte para diversos sectores económicos en el país.
El ajuste regulatorio busca alinear el marco legal mexicano con los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incrementando la fiscalización sobre transacciones de alto riesgo y reduciendo los márgenes de opacidad financiera.
Sectores impactados, identificación de clientes y nuevos umbrales
Las nuevas disposiciones obligan a negocios dedicados a la comercialización de bienes inmuebles, vehículos de lujo, metales y piedras preciosas, monederos electrónicos, activos virtuales (criptomonedas) y servicios profesionales de blindaje a reforzar sus protocolos de debida diligencia. Entre los cambios más sustanciales se encuentra la reducción de los umbrales financieros para la identificación obligatoria de clientes y la presentación de avisos ante las autoridades.
Asimismo, las personas físicas y morales sujetas a este régimen deberán actualizar sus manuales de cumplimiento interno, verificar la identidad de los beneficiarios controladores definitivos de las operaciones e implementar herramientas tecnológicas de monitoreo continuo para detectar conductas atípicas o sospechosas.
Sanciones estrictas y cumplimiento obligatorio
La normativa contempla un esquema de supervisión y auditorías periódicas por parte del SAT. Las empresas que incumplan con el registro de actividades vulnerables, la conservación de expedientes por los plazos legales o la entrega oportuna de reportes enfrentarán sanciones administrativas, multas económicas de consideración y la posible cancelación de patentes o autorizaciones operativas.
Especialistas en fiscalidad y cumplimiento normativo sugieren a los establecimientos y profesionales independientes realizar una revisión preventiva de sus procesos contables y operativos para verificar su nivel de exposición, garantizando la correcta adopción de las nuevas directrices antilavado emitidas por la autoridad financiera.
