El presupuesto de Veracruz aumentará un 4.5% para el ejercicio fiscal 2027; contempla mejoras salariales

El Gobierno del Estado de Veracruz proyecta un incremento del 4.5 por ciento en el presupuesto asignado a las dependencias estatales para el ejercicio fiscal 2027, superando el pronóstico de inflación estimado en la economía nacional. El proyecto oficial de egresos fue entregado formalmente por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) al Congreso local para su análisis y votación definitiva antes de concluir el año.

De acuerdo con la administración estatal, este ajuste presupuestal busca mantener la disciplina financiera y garantizar recursos suficientes para el fortalecimiento de los servicios públicos, la operación de los programas prioritarios y el respaldo a las regiones de la entidad.

Incremento por arriba de la inflación y apoyo a la burocracia

Durante el anuncio oficial, la gobernadora Rocío Nahle destacó que el incremento proyectado del 4.5% se diseñó de manera estratégica por encima de la tasa inflacionaria estimada en un 3.8%, permitiendo proteger el poder adquisitivo y fondear de manera responsable el gasto operativo.

Entre los ejes centrales que contempla la partida presupuestaria destacan:

  • Mejora salarial: Se consideran asignaciones específicas destinadas a garantizar incrementos y mejores condiciones laborales para los trabajadores al servicio del Estado (burocracia).
  • Fortalecimiento institucional: Recursos orientados a optimizar las funciones operativas de las secretarías y organismos encargados de la infraestructura, la seguridad y el desarrollo social.
  • Disciplina fiscal: Un ejercicio del gasto enfocado en la contención de la deuda y la priorización de obras públicas de alto impacto social en el territorio veracruzano.

Ruta legislativa en el Congreso de Veracruz

El documento turnado por la Sefiplan a la Mesa Directiva del Congreso del Estado ya se encuentra bajo el análisis de las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto. Los legisladores locales tendrán de plazo hasta el mes de diciembre para discutir las asignaciones correspondientes a los poderes públicos, organismos autónomos y ayuntamientos, asegurando la aprobación del marco financiero que regirá el desarrollo económico del estado durante el próximo año.