Especialistas del sector de la edificación y autoridades de protección civil hicieron un exhorto a los gobiernos municipales para actualizar, homologar y aplicar de manera rigurosa los reglamentos de construcción locales. La medida busca garantizar que el desarrollo urbano e inmobiliario incorpore normas estrictas de seguridad estructural y resiliencia sísmica e hídrica, reduciendo la vulnerabilidad de la población ante fenómenos meteorológicos y geológicos extremos.
Representantes de colegios de ingenieros y arquitectos enfatizaron que la falta de supervisión y el uso de normativas obsoletas incrementan significativamente los costos de reconstrucción y el riesgo para las familias en zonas de alta susceptibilidad.
Supervisión técnica, peritos responsables y gestión integral de riesgos
Durante los foros de análisis sobre desarrollo urbano, los profesionales del ramo insistieron en la obligatoriedad de contar con Peritos Responsables de Obra (DRO) capacitados y certificados en cada proyecto edilicio. Asimismo, remarcaron que el crecimiento de las manchas urbanas debe respetar estrictamente los Atlas de Riesgo Municipales para evitar la edificación en cauces de ríos, laderas inestables o zonas no aptas para el asentamiento humano.
La actualización del marco normativo local busca también incluir criterios de sostenibilidad medioambiental, eficiencia energética y uso de materiales certificados que soporten los embates del cambio climático en las distintas regiones del país.
Coordinación intergubernamental y combate a la autoconstrucción informal
Especialistas puntualizaron que para lograr un impacto real es indispensable la colaboración entre los ayuntamientos, los congresos locales y las dependencias estatales de infraestructura y protección civil, facilitando la asesoría técnica a comunidades de bajos recursos.
Con la homologación de estas directrices normativas, los municipios contarán con herramientas legales sólidas para sancionar el incumplimiento de las normas técnicas y promover una cultura de la prevención que proteja el patrimonio y la vida de los ciudadanos.
