A pesar de que el proceso electoral federal y concurrente para 2027 se encuentra en marcha, las etapas oficiales de precampañas y campañas aún distan de iniciar formalmente en los plazos previstos por la ley electoral. Ante este escenario, las dirigencias nacionales y estatales de Morena, PAN y PRI han puesto en marcha estrategias territoriales para desplegar a sus principales aspirantes por todo el país bajo las figuras de “coordinadores” y “defensores”.
Bajo estos nombramientos partidistas, los contendientes realizan recorridos casa por casa, mítines públicos, reuniones con sectores empresariales y encuentros con gremios de trabajadores, buscando posicionar su imagen pública antes de los tiempos legales.
Los "eufemismos" y vacíos legales en las reglas electorales
Especialistas en materia electoral señalan que estas estrategias partidistas operan como figuras de "pre-precampañas". Académicos e investigares apuntan a que los partidos políticos utilizan estos nombramientos como un eufemismo para lograr una sobreexposición mediática y territorial sin violar formalmente la ley, toda vez que en dichos eventos no se realizan llamados expresos al voto.
No obstante, la utilización de estas estructuras organizativas otorga a los aspirantes una ventaja considerable en reconocimiento y presencia frente a la ciudadanía de cara a la definición interna de candidaturas. Los criterios normativos sobre propaganda y actos anticipados establecen límites estrictos sobre la promoción personalizada de servidores públicos, obligando a los partidos a cuidar los formatos de sus eventos institucionales y partidistas.
Despliegue territorial de los partidos políticos
Morena encabeza el despliegue con nombramientos de representantes territoriales en diversas entidades federativas donde se renovarán gubernaturas y congresos locales, implementando estructuras de base con miras a retener el mapa político nacional. Por su parte, los partidos de oposición (PAN y PRI) responden con giras de sus cuadros más visibles, enfocándose en la defensa de gobiernos locales y la reorganización de sus comités directivos estatales para consolidar bloques de contención legislativa y electoral rumbo a los comicios de 2027.
